Hablar de memoria histórica, siendo la memoria algo subjetivo por definición y la historia algo que objetivamente sucedió, por más que llegue a nosotros deformada por los espejos del Callejón del Gato que el sectarismo ideológico coloca ante los ojos de quienes prefieren el color de éste al rigor de la ecuanimidad y a los datos de la investigación, es un dislate conceptual de tal calibre que no merecería, por sí mismo, ni siquiera un instante de atención. Pero, por desgracia, como ya he dicho, el dislate en cuestión se ha convertido en ley del embudo que nos afecta a todos y, especialmente, a quienes, por ser escritores, profesores o periodistas (yo soy y he sido las tres cosas), nos sentimos moral, vocacional y profesionalmente obligados a opinar en público sobre tan conflictivo asunto. Imposible se ha vuelto pasar de largo ante él. La ley que obliga a suscribir la dolosa y fanática versión izquierdista de lo sucedido antes, durante y después de la Guerra Civil es lo suficientemente grave como para llegar a la conclusión de que en España no existe el Estado de derecho. Esa ley es puro totalitarismo. Baste recordar al respecto cuanto Orwell escribió en su novela 1984 sobre el llamado Ministerio de la Verdad. Serán los poderes públicos quienes definan ésta y quienes se arroguen la potestad de sentar en el banquillo a cuantos disientan de la versión oficial.
Fernando Sánchez Dragó.
España guadaña.
Almuzara. Córdoba, 2019.