Félix Ovejero. La invención del agravio

 

España es una anomalía antidemocrática. Sobre ese supuesto, fundamental para el nacionalismo, se ha edificado nuestra historia política reciente. También la transición y la Constitución del 78. Ajustemos un poco más el foco, aunque duela la imagen: ese supuesto explica nuestro sistema autonómico, presentado como una forma de solucionar el llamado «problema territorial», de reparar una injusticia de origen que, en lo esencial, consistiría en el aplastamiento español de unas genuinas naciones democráticas cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos. Ese aplastamiento se habría traducido en políticas de agresión, centralizadoras en la gestión, uniformadoras en cultura y expoliadoras en economía. Un proceso de varios siglos cuya expresión moderna se consuma en un proyecto nacionalista español represor que, en el caso catalán, adquiere especial virulencia a partir de 1714, con la guerra de Sucesión, cuando Felipe V promulga los Decretos de Nueva Planta, que sellarían «el fin de las libertades catalanas».

Desde entonces para acá, sin tregua, una imposición tras otra, hasta la última, con la sistemática persecución de la identidad catalana durante la dictadura que sigue a la victoria de Franco en la guerra civil, un conflicto entre la España constitutivamente reaccionaria y los nacionalismos no menos esencialmente democráticos. He dicho la última, pero, no, en rigor, la penúltima. Y es que, según este relato, el llamado «régimen del 78», cristalizado en la actual Constitución, tutelada en su gestación por fuerzas franquistas, nacida sin ruptura con el régimen anterior, no sería más que la prolongación suavizada de la dictadura. La consagración de la monarquía borbónica, reinstaurada por decisión de Franco, sería la mejor prueba.

Esa es la fabulación, gestada por los nacionalistas, aceptada y difundida por la izquierda, y que ha acabado por inocularse a nuestro entero ecosistema político. A partir de ahí, todo lo demás. Y es que, una vez se asume que España se construye contra las genuinas naciones, encarnación de los valores democráticos y quintaesencia del progreso, resultan casi obligadas unas cuantas tesis que han oficiado con pautas reguladoras de nuestros debates públicos especialmente durante los últimos cuarenta años: atender a las exigencias de los nacionalistas supone ahondar la democracia; desmontar la nación común y su expresión institucional, el Estado, se entiende como una política de izquierdas; la «moderación política» se calibra según el grado de acuerdo con los nacionalistas; cualquier centralización es regresiva o, lo que viene a ser lo mismo, «España», «centralización» y «franquismo» resultan términos intercambiables; los nacionalistas establecen los parámetros de la tolerancia de nuestros políticos y deciden el campo de juego de nuestras convenciones, los premios y las penas. Un conjunto de tesis que se traducen en una prescripción: para resolver el problema de la democracia debemos resolver el llamado «problema territorial». Con un corolario: para enterrar definitivamente al franquismo deberíamos acabar con España como nación política común.

Frente a la fábula anterior aquí se sostendrá que el «conflicto territorial» es un pseudoproblema y, por esa misma naturaleza, falsa, los intentos —infructuosos por definición— de resolverlo están en el origen de nuestros problemas de calidad democrática. Problemas, estos sí, muy reales y de creciente magnitud. 

Félix Ovejero.

La invención del agravio.

Nacionalismo y crisis de la democracia española.

Alianza Editorial. Madrid, 2026.