El fugitivo
Otra de las declaraciones judiciales más llamativas fue la del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. En un giro que rozó lo inverosímil, aseguró con una franqueza que desafiaba cualquier atisbo de credibilidad: «Yo no sabía ni que Pedro Sánchez tenía un hermano».
Aquella afirmación, pronunciada sin una pizca de rubor, se convirtió en la muestra más palpable de hasta qué punto los engranajes del poder podían operar en la más absoluta impunidad, confiando en que la desmemoria colectiva serviría de escudo ante lo evidente. Gallardo, un político de larga trayectoria, pretendía hacer creer que desconocía la existencia de David Sánchez en el momento en que se creó una plaza hecha a medida para él. Una excusa que, de tan burda, solo sirvió para reforzar la percepción de que la designación del hermano del presidente del Gobierno había sido una operación minuciosamente calculada.
No solo no era cierto, además de un argumento totalmente inverosímil, que el presidente de la Diputación desconociera la identidad de la persona a la que se otorgó un puesto de alta dirección en su administración, sino que encima contradecía la propia lógica del procedimiento. La idea de la creación de la plaza, según dijo, partió de la diputada Núñez. Sin embargo, en una pirueta discursiva que evidenciaba la complicidad institucional, también admitió que la decisión contó con el respaldo del Gobierno provincial. ¿Cómo podía apoyar un Gobierno la creación de un puesto sin conocer a quién iba dirigido?
La estrategia de Gallardo quedó clara desde el primer momento. Diluir su responsabilidad en una supuesta ignorancia que, de ser real, lo convertiría en un dirigente de una torpeza administrativa sin precedentes. Pero su desconocimiento selectivo no se sostenía en los hechos. No solo porque David Sánchez llevaba tiempo vinculado al entorno socialista extremeño —fue en varias ocasiones a mítines del PSOE para apoyar a su hermano—, sino porque su contratación fue un proceso que implicó a múltiples actores con conexiones directas con el partido. El argumento de Gallardo no resistía el más mínimo análisis.
El presidente de la Diputación insistió, por otra parte, en que el hermano del presidente trabajaba «a piñón» como cualquier ciudadano, como si la cuestión central fuese su desempeño y no la opacidad de su acceso al puesto. Evitó entrar en los pormenores de su horario laboral, obviando que lo que se estaba poniendo en entredicho no era la rutina diaria del hermano del jefe del Ejecutivo, sino la legitimidad de su contratación. La táctica consistía en desviar la atención, minimizar la polémica y esperar a que el tiempo disipara la controversia.
Pero el problema con las versiones poco creíbles es que, tarde o temprano, terminan por desmoronarse. La idea de que un dirigente del calibre de Gallardo, con un control absoluto sobre el entramado institucional de la Diputación, desconociera que estaba otorgando un cargo de relevancia a un familiar directo del presidente del Gobierno es un insulto a la inteligencia. Su defensa no era solo endeble, sino que evidenciaba el patrón habitual de negación y amnesia selectiva con el que el socialismo extremeño pretendía blindarse ante cualquier atisbo de responsabilidad.
Alejandro Entrambasaguas.
La Sagrada Familia.
El ascenso meteórico del entorno de Pedro Sánchez.
La Esfera de los Libros. Madrid, 2025.

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